Ejercer soberanía tecnológica con inclusión digital

Por Raúl Caliva 

Para que un país pueda ser plenamente soberano, el Estado -como única entidad capaz de organizar la vida social y de promover y garantizar el ejercicio de los derechos de su población- debe atender un aspecto fundamental que no es menos importante que la seguridad, la vivienda, el bienestar social, la salud pública o la educación. Consiste en desarrollar políticas y acciones tendientes a la satisfacción del acceso a la comunicación, a contenidos culturales y una información libre y de calidad. Si se quiere cumplir con este requisito, uno de los factores que debe tener en cuenta un gobierno, es sostener de forma estratégica una política nacional de telecomunicaciones.

Las concepciones de soberanía digital y de la comunicación como un Derecho Humano, vienen concibiéndose en múltiples discusiones a lo largo de varias décadas y no deja de tener vigencia -y urgencia- puesto que se ha vuelto más visible durante la reciente pandemia de COVID 19. Fue en este contexto, donde se puso en evidencia como nunca antes, la desigualdad en el acceso a los servicios de Internet y las deficiencias de conectividad -o la falta total de ella- en lugares geográficamente distantes de los grandes centros urbanos.

Ante esta situación, los estados nacionales abordaron medidas tendientes a consolidar la perspectiva de las telecomunicaciones y la conectividad a Internet, la telefonía móvil y fija, como servicios de interés público. Esto supone toda una definición en el rol activo del Estado para desconcentrar y democratizar las telecomunicaciones con el fin de garantizar el libre e irrestricto acceso a ella.

En sintonía con lo que viene desarrollándose desde 2010 con el plan Argentina Conectada, que consiste en la puesta a punto de una Red Federal de Fibra Óptica, la provincia de San Juan, por su situación geográfica, históricamente había quedado relegada de los intereses comerciales de grandes empresas en invertir y desarrollar un mejor servicio de conexión de Internet.

Como la conectividad fue durante años de calidad precaria, la pandemia empujó al límite al sistema actual, ya que la alta demanda y las necesidades de la población se incrementaron notablemente. Con ello, se volvió prioritario para el Estado provincial intervenir para compensar la carencia existente en varias zonas alejadas de Gran San Juan. A través de la creación en 2001 de la empresa estatal San Juan Innova, se puso en marcha un plan de conectividad e inclusión digital para las regiones más desfavorecidas por la concentración del mercado y a la vez, brindar soluciones a prestadores y proveedores locales con el fin de distribuir el acceso a la banda ancha a lugares donde las grandes empresas (Movistar, Claro y Telecom) no les resulta “redituables” brindar dicho servicio.

Plataforma Gaia, tuvo un encuentro con Rodolfo Arroqui, el director de operaciones de la empresa pública con sede en el Centro Cívico. En la entrevista, detalló en qué consiste el plan integral que lleva adelante el gobierno y su política para mejorar la conectividad en todo el territorio de la provincia. «A partir de la pandemia, obviamente, nos dimos cuenta de los problemas de conectividad en la provincia. El uso de aplicaciones y la gestión de trámites digitales se volvieron masivas; las actividades sociales en el mundo virtual adquirieron más relevancia. Por tal motivo, en San Juan estuvimos pensando mucho en este proyecto de vincular mejor a los departamentos alejados. Nuestra misión es mejorar y sostener la conectividad de alta velocidad a todos los distritos a lo largo y ancho del territorio”, sostuvo el ingeniero y funcionario de Innova. “Quizás esté mal dicha la expresión acortar ‘la brecha digital’, porque lo ideal, es que tal brecha no existiese entre cualquier habitante de cada departamento, ciudad o zona rural”, aclaró Arroqui.

Ing. Rodolfo Arroqui, director de operaciones de San Juan Innova (SJI). La empresa estatal que se presenta como distribuidor mayorista, con la capacidad de vender servicios de conexión a los proveedores locales (ISP) minoristas en los departamentos alejados de Gran San Juan.

Con esta premisa, el rol central que tiene Innova, es la promover la inclusión digital a la población, mediante la articulación entre instituciones públicas y empresas del sector de las telecomunicaciones que operan en el territorio provincial. En sus facultades, la empresa estatal busca prestar la comercialización, la producción y la distribución del servicio de Internet; la investigación y desarrollo sobre nuevas tecnologías de comunicaciones y aportar soluciones tecnológicas, en el marco de la implementación del plan San Juan Conectada. Para lograr el objetivo, se expandirá el tendido de fibra óptica a la zona comprendida entre Iglesia, Jáchal, Calingasta y Valle Fértil, Zonda, en la primera fase; y Albardón, Caucete, 9 de Julio, 25 de mayo y Sarmiento, en una segunda fase. Luego seguirá el resto de las localidades y el objetivo mayor será la totalidad del territorio al cabo de los próximos dos años.

El programa se sostiene una inversión inicial de 3 mil millones de pesos -equivalentes a unos 14 millones de dólares provenientes en parte, del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y del gobierno provincial- este volumen de recursos financia la adquisición de 130 bobinas de fibra (fabricadas por Artic) y con la contratación de un tercero, Tecnored, que instalará el material de fibra en una zona comprendida por más de 30 localidades, de alrededor unos 500km de cableado. Este tramo se incorporará a las redes existentes en la provincia con lo cual, el sistema beneficiará a 45 mil habitantes en total que podrán disponer de conexión a Internet de alta velocidad.

La Red Provincial de Fibra Óptica, de acuerdo a las metas trazadas por la compañía estatal, será una fuente de grandes posibilidades para dinamizar el sector y apuntará a mejorar las condiciones estructurales para una conectividad de calidad. Aunque el rol de la empresa pública no será vender servicios en última milla (que ofrezca conexiones a los domicilios y clientes particulares), ejercerá el rol de mayorista para los ISP (proveedores locales) que utilicen dicha red de fibra estatal.

En este plan de conectividad, SJI logró hacer convenios con los 36 proveedores locales del servicio de Internet, también llamados ISPs, agrupados en la Cámara Argentina de Servicios TIC (CASETIC) y la Cámara Argentina de Internet (CABASE), así como con la Dirección de Redes y Centro de Datos de la Provincia. Esta articulación del sector público y privado, logró conseguir una gran disponibilidad de ancho de banda, lo que permitió aumentar las velocidades de los planes de conexión para los usuarios.

El camino de la fibra es por aire. Hay un convenio entre Energía San Juan, EPRE y SJI, que permite la instalación de la fibra por la red de eléctrica de alta y media tensión. Son más de 2.000 kilómetros que deberá cubrirse para llegar a la cobertura total del territorio.

 “El propósito es responder a las necesidades de los proveedores locales de Internet que trabajan en los departamentos. Hoy están muy limitados con el ancho de banda y no tienen capacidad para brindar una transmisión de calidad a alta velocidad. Con la red de transporte y distribución que brindará San Juan Innova, podremos abastecer la conectividad necesaria para una alta demanda. La red dará mejor estructura para sostener clases virtuales, videoconferencias, streaming y otras actividades online, superando numerosas limitaciones y dificultades para una transmisión estable de gran flujo de información”, señaló el ingeniero Arroqui.

También el técnico de SJI, señaló que “entendemos que estamos en una provincia terminal y que el gran flujo de información llega desde la central de Mendoza que nos alimenta, pero con un ancho de banda muy limitado. Por lo tanto, este nexo nos permitirá distribuir banda ancha por 100 Gbit/s por segundo para que logremos cubrir la gran demanda de conectividad en la provincia. A los proveedores les ofreceremos un precio diferencial y muy competitivo respecto a la oferta del mercado privado. El gobierno no subsidiará completamente el transporte de datos, sino que permitirá reducir el costo de ese transporte y mejorar los servicios en las localidades donde el privado no quiere invertir ni un centavo”. Además, la empresa se encuentra capacitada para recibir ANR (Aportes No Reembolsables) de ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) y de aportes del Fondo Fiduciario para el Servicio Universal (ver Servicio Universal más abajo), podrá implementar obras de conectividad a establecimientos educativos, centros de salud y comisarias en las localidades lejanas.

El tendido de fibra conectará también la zona Sur y Oeste de la provincia, desde Ullum al Complejo Astronómico El Leoncito (Casleo), en Calingasta, y permitirá una unión a Mendoza y luego a Chile. Sin embargo, con instalar la fibra óptica, no es suficiente, para que sea operativa, se requiere la incorporación de los equipos electrónicos o nodos con sistemas de iluminación que son los que se encargarán de inyectar señal a la fibra, para el transporte de datos de un punto a otro. La fibra, al estar compuesta por vidrio, los pulsos de luz no pueden transmitirse de manera infinita por la red. Cada cierta distancia, las señales deben se regeneradas a través de estos nodos. Son sistemas de modulación y transmisión que permiten el flujo de datos. Esta red troncal que se instalará en el norte de la provincia, cuenta con tecnología de capacidad de transporte de hasta 100Gbit/s, será una autopista de información que vinculará a los nodos de los departamentos. Con flujos de transferencia desde 700 megabits por segundo (Mbit/s) hasta 1 Terabyte por segundo (Tbit/s). De esta manera, se dispondrá de un ancho de banda de información prácticamente sin límites. La inversión total necesaria para la instalación de estos nodos es de 1.500 millones de pesos (alrededor de unos 7 millones de dólares). Lamentablemente, estos equipos electrónicos son importados, porque hay países que fabrican de forma exclusiva esta tecnología.

Para la llegada al país del 5G, el ENACOM, la autoridad de aplicación que regula las telecomunicaciones en el país, deberá realizar las licitaciones correspondientes y las empresas ofertar para adquirir los derechos de explotación de las correspondientes frecuencias.

Hasta tanto ocurra, la participación de SJI en el esquema local tendrá un rol no menor. “Cuando las empresas telefonía celular estén ofertando para adquirir las licencias del espectro de frecuencia para el standard 5G, el sistema provincial podrá prestar el servicio de transporte para que las radio bases, repartidas en los departamentos puedan funcionar”, anticipó Arroqui.

Y explicó en qué consistirá esta nueva tecnología una vez que se active en la región: “Cuando hablamos de 5G es una tecnología en nivel de datos de telefonía celular, que irá ligeramente más rápido que la actual. La diferencia estará en la latencia. Esa menor latencia, el tiempo de retraso que existe entre enviar la información en un punto a otro, permitirá una mejor conectividad entre dispositivos inteligentes o automatizados, como drones o aplicaciones de inteligencia artificial en vehículos”.

Aunque desde el punto de la experiencia cotidiana, advirtió Arroqui que no será muy notorio. Puesto que funciones como WhatsApp, Instagram o Tik Tok, serán poco perceptibles los cambios para el uso general. SJI no tendrá injerencia directa en la instalación y puesta en funcionamiento de la red de 5G para telefonía móvil, pero sí podrá intervenir como transportista, para que las operadoras telefónicas, puedan brindar el servicio en las zonas que sean comercialmente inviables.

El plan de operaciones en el armado de esta red en los departamentos de Jáchal, Valle Fértil, Calingasta, Iglesia, Capital y Zonda.  

La pandemia recrudeció las históricas asimetrías respecto al inequitativo acceso a Internet, por lo que resultó más que necesario una política pública para afrontar la problemática a través de la creación del decreto 690/20, de 2020, que buscó congelar las tarifas de los servicios de conectividad (televisión por cable y satelital, Internet y telefonía móvil) y declaró que estos servicios sean considerados de ‘interés público’. Propuso todo un cambio de perspectiva y de debate abierto en el marco del derecho a la comunicación.

No fue extraño ni tampoco duró mucho tiempo que tal medida, choque con los grandes intereses del gigante del sector que es el Grupo Clarín, acompañado por los actores que lo secundan como Supercanal, Telefónica y Claro Ar. Gracias a un amparo judicial de un tribunal local de Córdoba, el sueño de la inclusión digital y democrática quedó en un limbo burocrático y legal que favoreció la libertad de cobrar y ejercer poder monopólico sin límites, en detrimento no solo de las Pymes y cooperativas del sector, sino en el conjunto de toda la población.

Con el acelerado desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación, actualmente cualquier aplicación o software corre o se ejecuta requiriendo estar en línea, conectado a Internet. Sea para gestionar la partida de nacimiento, pago de impuesto, trámites para la obtención del DNI y múltiples prestaciones más, todo desde un teléfono. Estos servicios son comprendidos dentro de un término conceptual denominado como ‘gobierno digital’. Pero debido a la complejidad que tiene San Juan en cuestiones geográficas y de infraestructura urbana, y esto sumado a distancias más largas y una región montañosa, resulta todo un desafío y una gran inversión económica necesaria para garantizar dichos servicios supone riesgos que cualquier empresa comercial, dada su naturaleza al perseguir un fin de lucro, no está dispuesta a asumir. Entonces, es el propio Estado provincial, con la creación de la empresa pública, el que sea capaz de ir a donde el privado no llega.

“Cualquier usuario en un espacio público deberá y podrá acceder a la conexión. Hoy Internet debe ser accesible a la vida cotidiana y al trabajo de cualquier habitante. Creo que es importante mantener una convivencia entre el Estado y los actores privados, porque podemos ser el respaldo y mantener una sinergia pública-privada interesante para la telefonía celular, por ejemplo. Las empresas, pueden sumarse a nuestra red y nosotros facilitar el transporte de datos y llegar a aquellas radios base antiguas de 2G y 3G que están repartidos en lugares alejados y migrarse a 4G”, explicó Arroqui. Desde esta perspectiva, la entrada en el terreno de esta firma de capital público, permitirá una convivencia más ensamblada con el sector privado. “Para nosotros, las grandes empresas pueden servir como un complemento y en buena hora, debe haber una competencia para que la población pueda conectarse y tenga más alternativas, medios y oportunidades para hacerlo”, afirmó el ingeniero.

Sin embargo, la brecha digital, que se manifiesta en la falta de acceso a tecnologías o servicios, evidencia una clara desigualdad entre sectores de la población con posibilidades y los que no cuentan con ingresos suficientes para cubrir las costosas tarifas que no dejan de aumentar. La otra realidad que el Estado no logra modificar, es la grave concentración del mercado que favorece las prácticas abusivas y monopólicas -además con claro favorecimientos del poder judicial- para que tengan libertad de establecer los precios que más les convenga y que va de la mano en la mayoría de los casos, en promociones engañosas, mala calidad del servicio e indefensión total de los usuarios consumidores.

Por tanto, resulta primordial que existan políticas públicas de conectividad digital que busquen romper con un esquema dominante pensando en aquellos sectores que menos pueden acceder, en tal sentido, la finalidad de SJI es llegar precisamente a aquellos lugares en los que cualquier corporación no estaría interesada en instalar una infraestructura adecuada para el despliegue de Internet, porque no es rentable, quedando en desventaja ante las grandes capitales urbanas donde hay más densidad de población.

En este sentido, Arroqui postuló: “No podemos conformarnos con esta situación y la idea fundamental es que todos y todas puedan contar con Internet. Esto ayudará los proveedores pequeños para que crezcan y ofrezcan un mejor servicio que el usuario requiera y a la vez, mejorará la competencia desde todo punto de vista. Es importante que todos los usuarios de la provincia tengan acceso a las telecomunicaciones. Nuestro mayor objetivo es que no haya brecha digital entre sanjuaninos que vivan a kilómetros de distancia, con otros que vivan en la ciudad. Es una tarea poco sencilla por el gran despliegue que hay que realizar, pero es necesaria y el Estado lo hará posible”.

A lo largo de las décadas, hubo avances y retrocesos en las políticas estatales respecto a las telecomunicaciones. Desde que se privatizaron los servicios públicos en la época de Menem (con la venta de ENTEL), se pasó a la desregulación del acceso a Internet -durante el gobierno de De La Rúa; la fusión de Multicanal y Cablevisión de Clarín durante el gobierno de Néstor Kirchner; la Ley de SCA en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner; y finalmente, la entrega de Telecom y Nextel a Clarín durante el gobierno de Macri, el Estado no ha logrado sostener un camino que resuelva de fondo para recuperar la soberanía en las telecomunicaciones. Por lo tanto, cada administración de turno, fue por sentidos opuestos en un eterno ‘tira y afloje’ con el inmenso lobby del monopolio que disciplina y arrodilla a la dirigencia política.

Argentina tiene una economía signada por la primarización productiva, la exportación de materias primas agroindustriales, la alta concentración comercial, los ciclos de endeudamiento y la dependencia total de políticas económicas atadas a intereses especulativos internacionales; en casi todas las áreas. Desde la propiedad de la tierra, hasta la comunicación.

Con la creación de la empresa estatal, aunque no alcanzará con romper la fuerte dependencia y esquema de concentración monopólica que ejerce el grupo Clarín (dueño de Telecom, Fibercorp, Nextel y con diversos rubros de servicios ramificados con posición dominante en todo el país), sí representa un gran paso hacia adelante al favorecer a los pequeños actores locales y PyMes que operan en los distritos y localidades más necesitadas de conectividad. Esto significa un avance positivo ante un panorama de escala mucho más compleja, que arrastra años de un modelo de políticas desregulatorias y privatizadoras implementadas desde la década de 1990.

Al hablar de Derecho Público a la Telecomunicación, se trata que cada habitante, cualquiera sea su condición social y económica, así como su ubicación geográfica, debe disponer de la conectividad necesaria para el acceso a Internet y otras tecnologías como la telefonía fija y móvil. Y eso implica, además, que el Estado debe generar los recursos necesarios para la telecomunicación pública, puesto que el uso del espectro con que cuenta el país, es patrimonio de la misma comunidad. Por otro lado, es un derecho al uso igualitario del entorno electrónico (ciberespacio) en condiciones de seguridad informática, entendida ésta como el respeto y la protección de la dignidad humana contra prácticas abusivas de las empresas monopólicas.

Por eso una de las formas de ejercer y hacer valer este derecho, es dando la disputa simbólica y política en el terreno de lo público. Históricamente, los avances tecnológicos en las comunicaciones fueron siempre y siguen siendo usadas a favor de determinados intereses económicos. Defender los derechos de la población, al acceso igualitario de este servicio, contribuirá a largo plazo a la formación de una sociedad más democrática.

Fuentes:

Acceso a Internet Fija en la ciudad de San Juan, Tesis de Grado, LCS, FACSO, UNSJ. Federico Agüero, 2020. Documento. 

INDEC, 2021. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Accesos a Internet. Documento. 

Ley Argentina Digital. Documento.

Plan Federal de Red de Fibra Óptica
https://www.enacom.gob.ar/programa-de-expansion-de-la-red-federal-de-fibra-optica-cruces-fronterizos_p5588

Decreto 690/20
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/233932/20200822

Datos Abiertos de ENACOM
https://datosabiertos.enacom.gob.ar/dashboards/20000/acceso-a-internet/