La pantalla, un territorio en disputa

Por Macarena Pereyra

Durante la realización del Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA Nodo San Juan) hubo dos jornadas (28 y 29 de abril) con actividades, orientadas a distintos sectores de las industrias culturales tales como artes visuales, circo, diseño, audiovisual, artes escénicas y música. Dicho encuentro se encuadró en un programa federal -organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación a través de la Secretaría de Desarrollo Cultural y su Dirección Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional- que busca fortalecer y potenciar las industrias culturales regionales.

En este contexto, se llevó a cabo la charla LA PRODUCCIÓN EN LO AUDIOVISUAL, a cargo del realizador Juan Pablo Gugliotta, quien integra la productora MAGMA CINE. Sus películas, participaron en los festivales más importantes del mundo tales como Cannes, Berlín, Venecia, San Sebastián, Toronto, entre otros, y han sido estrenadas comercialmente en los principales mercados del mundo. Dentro de sus producciones se encuentra «El Ardor» (film de Pablo Fendrik, protagonizada por Gael García Bernal), «Pensé que iba a haber fiesta» (encabezada por Valeria Bertucelli y en coproducción con Fernando Trueba Producciones, España), «Araña» (coproducción argentina-brasilera-estadounidense, protagonizada por Mercedes Morán) y la serie «Manual de supervivencia» (transmitida por Amazon Prime, con Esteban Bigliardi, Dolores Fonzi y Violeta Urtizberea como parte del elenco).

Durante la charla, Gugliotta relató cómo fue su carrera -que inició desde muy joven- desempeñando diferentes roles, tanto en televisión como en cine. En ese recorrido, planteó que la industria audiovisual es un terreno que presenta ciertas hostilidades y que, actualmente, se encuentra atravesado por la tensión existente ante la irrupción de las plataformas digitales de streaming masivas extranjeras como Netflix, Amazon Prime, Disney+ y otras.

A lo largo de su exposición, también hizo un repaso histórico por la Ley Nº 17.741 conocida como ‘Ley de fomento de la actividad cinematográfica nacional’, que fue sancionada en 1968 y modificada en 1994. Esta normativa establece que sea la propia actividad audiovisual que, con sus ingresos obtenidos por la venta de entradas a las salas de cine, genere su autofinanciación, por medio de un impuesto equivalente al diez por ciento (10 %) aplicable sobre el precio básico de dicho boleto.

Desde este argumento, Gugliotta sostuvo que, para moverse dentro de la industria, aquellos que se involucren en la gestión y en la realización audiovisual, deben conocer perfectamente estas regulaciones que determinan, en buena parte, el presupuesto de los subsidios al fomento de los proyectos cinematográficos. En este sentido, remarcó que, a partir de esta ley, el cine argentino logró óptimos resultados a largo plazo, porque consiguió un nivel de gran reconocimiento nacional e internacional en los últimos 30 años.

Por otra parte, el productor destacó que a partir de la modificación de 1994, se estipuló que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) sea un órgano colegiado, co-gobernado y administrado por una presidencia y un consejo asesor con representación multisectorial de provincias, asociaciones, sindicatos, académicos y colectivos profesionales que son parte activa de la industria audiovisual.

Históricamente, las políticas en materia cultural y en este caso, en el ámbito de las artes cinematográficas y audiovisuales en el país, han tenido una significativa visión centrada en una fuerte inclinación de los grandes centros metropolitanos por encima de la periferia de las provincias más chicas.

En el caso de Juan Pablo, que en 2016, fue miembro del Consejo Asesor (en representación del sector de los productores) pudo advertir la importancia del co-gobierno y el peso que tiene tanto el Consejo como la Asamblea, en las decisiones que moldean el rumbo para una política audiovisual más equitativa.

Al ser consultado, por este tema, el realizador habló con Plataforma GAIA y respondió que todavía persiste esa mirada que viene desde el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): “la presencia de las regiones pudo poner en relieve la problemática centro-periferia, pero es necesario que los trabajadores de la industria audiovisual se interesen más por la función y el rol que tienen estos dos organismos. Y además, que acompañen las luchas para lograr que se redistribuyan fondos de fomento de forma federal”.

En otro aspecto, consideró que hay que revisar el termino ‘región’ ya que no es representativo en su totalidad. Y puso como ejemplo a la hora de mencionar la Región Cuyo, pueden llegar a tener más peso, los intereses de Mendoza respecto a San Luis y San Juan. “Esta problemática, como otras pueden ser resueltas desde el Consejo Asesor para lograr el consenso unánime, cuestión que no es simple porque se debe tener en cuenta los intereses tanto de productoras como la de Adrián Suar o de las de productoras independientes. Pero desde la articulación entre hacedores cinematográficos se puede buscar herramientas posibles para construir canales de comunicación y resolución”.

Entre otras cuestiones, esta mencionada articulación entre diferentes sectores, también contribuye a frenar el avance desmedido de plataformas virtuales que se instalan en el país y no tributan. Ante esta realidad urgente y preocupante, Gugliotta opinó que: “es increíble que empresas como Netflix no tengan CUIT en Argentina. La Ley de cine estipula un impuesto sobre cada boleto cortado, que no ocurre con las plataformas. Por esto, desde el Estado y los órganos de co-gobierno hay que lograr regular a estas empresas o negociar que generen más trabajo genuino en el país, por ejemplo, trayendo sus producciones a locaciones como San Juan”.

Sin embargo, pese a este panorama complejo, vio como un logro positivo, que en medio de la pandemia, hubo medidas de acción para que la industria no siga cayendo. Entre varias respuestas que dio el Estado, el productor destacó la convocatoria Renacer Audiovisual de 2021 que tuvo el propósito de generar producción y trabajo dentro del sector fuertemente afectado, movilizó recursos en distintas áreas de las industrias culturales y dio como resultado la selección de 79 proyectos. A través de este programa se buscó generar contenidos de calidad, plurales y federales, fomentando la posición que la Argentina ha tenido como país exportador de servicios audiovisuales. Esta política estatal fue impulsada por el Ministerio de Cultura y la Secretaria de Medios y Comunicación Pública, a través de Contenidos Públicos, e implicó una inversión histórica de 2400 millones de pesos.

Ante de finalizar la charla, Juan Pablo habló sobre el conflicto generado en torno a la ley 27.432 que plantea la caducidad de las asignaciones específicas, que son recursos tributarios con los cuales se financian las producciones nacionales de cine, teatro, música, radios y medios comunitarios y bibliotecas populares, que dependen de organismos e institutos autárquicos.

“Estamos por llegar a la fecha límite (en noviembre de 2022) y siento que el panorama no es desalentador, estoy seguro que antes de fin de año se llegará a conseguir los votos necesarios para prorrogar la medida desde el Congreso de la Nación”.

En este momento coyuntural, si esta discusión por la reforma de la ley o la propuesta de un nuevo proyecto, pierde estado parlamentario, la ley vigente se aplicaría automáticamente y las instituciones como el INAMU (Instituto Nacional de la Música), el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), el INT (Instituto Nacional del Teatro), La CoNaBiP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) y el FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual) quedarían sin recursos y en todos estos sectores, corren peligro de desaparecer numerosas fuentes de trabajo con la consecuente pérdida de contenidos y producciones culturales con identidad nacional.