¿Qué cine argentino queremos?

Dibujo: Exequiel Tejada

En estos últimos tiempos vuelve a estar en discusión el subsidio a las películas argentinas. El tema, no por ser recurrente es menos importante, ya que en virtud a la radicalización del discurso público, arreciaron los pedidos de que el cine se autofinancie, mientras se acusaba a los golpeados trabajadores de la industria, poco menos que de planeros vip.

En realidad, no existe casi ningún país en el que la industria cinematográfica no esté directa o indirectamente subsidiada. En los Estados Unidos se realizan mayormente exenciones impositivas. La diferencia con el sistema argentino es que ese país, otorga directamente fondos a las producciones, lo que garantiza que se genere trabajo y haya diversidad. La discusión de fondo, más allá de los problemas económicos pasa por qué cine queremos que se filme en el país.

Cuando halamos de Soberanía Nacional entendemos a la misma como la capacidad que tiene un país de tomar “decisiones en forma autónoma e independiente sobre sus recursos económicos y naturales; sin ninguna intervención o control de un poder extranjero.” La definición no es muy distinta si el concepto en cuestión es el de soberanía cultural. En el caso del cine, esto se traduciría como qué películas son necesarias financiar, en función a un proyecto de cine nacional, y cuáles no.

En los mismos días que Luis Puenzo (ahora ex-presidente del INCAA) anunciaba las resoluciones de concentración de las asignaciones del fondo de fomento a favor de las grandes productoras, todos los medios de comunicación escribían loas por el estreno de “Granizo”, dando por descontado que el estreno de la película de Carnevale en Netflix, era una especie de salvación del cine Nacional, ¿pero podemos hablar de un cine nacional cuando las plataformas definen el continente y el contenido de las producciones que por su propia lógica aspiran a ser globales?

Llama poderosamente la atención esta celebración mediática de Netflix, cuando una de las acciones para mejorar los ingresos del INCAA seria gravar las plataformas de streaming como la mencionada, que comercializan la cultura a través de internet, sin tener siquiera un cuit en argentina, pero lejos de esto, filmar en asociación con esa plataforma, que condiciona las producciones a fuerza de repetir fórmulas es festejada como un triunfo de la industria.

Durante la presidencia de Mauricio Macri, para ser más precisos, en el año 2017, se sanciona la ley 27.432; la misma, que estableció una serie de reformas tributarias, le puso fecha de vencimiento al impuesto a las entradas al cine y al impuesto sobre los “videogramas grabados”, esto es, los rubros que componen el Fondo de fomento cinematográfico.

De esta forma, de acuerdo a la ley el último día del año 2022 estos impuestos dejarían de estar vigentes, lo que implicaría un desfinanciamiento del INCAA, que dejaría de gestionar esos fondos de forma directa, por lo tanto, desde el primer día hábil del 2023, los mismos pasarían a formar parte de la recaudación general.

La recaudación general es administrada por el Poder Ejecutivo Nacional, que de esa manera podría decidir cuál es el presupuesto anual con el que contaría el ente, definiendo de esta forma desde uno de los poderes de la nación con cuánto dinero contaría el INCAA para financiar películas.

A continuación, vamos a tratar a través de algunas preguntas, respondidas de manera muy simple, poner un poco de blanco sobre el negro sobre qué es y cómo se financia el INCAA

1. ¿Qué es y qué hace el INCAA?
Es un organismo público nacional y autarquico, no estatal, que funciona en el ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación.

2. ¿Cuál es su función?
“… promover, fomentar, fortalecer y regular la producción audiovisual”.

3. ¿Cómo está gobernado y administrado?

Un Presidente/a y un Vicepresidente/a ambos funcionarios son designados por el Poder Ejecutivo Nacional. Una Asamblea Federal integrada por los secretarios o subsecretarios de cultura de los poderes ejecutivos provinciales y los del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un Consejo Asesor formado por once miembros designados por el PEN, de los cuales cinco son propuestos por la Asamblea Federal, nombrando personalidades relevantes de la cultura, uno por cada región cultural, y los restantes seis son propuestos por las entidades que, con personería jurídica o gremial, inscriptas en el registro Público del INCAA, representan a los sectores del quehacer cinematográfico.

4. ¿Cómo se financia?
El ente maneja dinero que proviene en su gran mayoría del sector privado (FFC), y en un porcentaje muy acotado con aportes del Tesoro Nacional, esto sucede desde el año 2014, cuando modificó el decreto que impedía que el INCAA recibiera aportes del Tesoro o de cualquier otra institución por ser autárquico. Por otro lado, al ser un ente autárquico, el Gobierno nacional no define ni interfiere en sus acciones.

5. ¿Qué es el FFC?
El Fondo de Fomento Cinematográfico es la principal fuente de financiación del INCAA. Establecido en la Ley 24.377, se compone de un impuesto del 10% sobre el precio de las entradas de cine, el 10% del precio de venta de “videogramas grabados” (en su momento VHS o DVD) y un 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicaciones, a partir del impuesto a la facturación de los canales de TV y servicios de cable, etc.

Toda esta estructura se modificaría de entrar en vigencia a fin de año la ley 27.432.

El diputado Pablo Carro, presentó un proyecto de ley para extender hasta el 2072, las asignaciones específicas para las industrias y las instituciones culturales, como el INCAA, por ende, la iniciativa apunta a revertir la situación actual y que esas fuentes de ingreso de dinero para el INCAA no caduquen a fin de año y tras esta propuesta se está encolumnando todo el arco cultural, en la medida que la caída de la ley 27.432 afecta no tan solo a la industria cinematográfica, sino también al teatro, las bibliotecas populares y los medios comunitarios de comunicación, que se financian con los mismos ingresos del INCAA

Además de decisiones inmediatas que garanticen el financiamiento del ente, y la ley Carro, que ya tiene dictamen de mayoría en la cámara, las organizaciones y representantes de distintas actividades de la industria audiovisual siguen reclamando por un cambio profundo dentro del INCAA, que tiene varias cuentas pendientes con el sector audiovisual, esto es, una política de distribución y exhibición coherente, que permita que el cine nacional tenga un alcance real a los públicos en todo el país y por otro lado, políticas concretas de federalización de la producción y el sostenimiento del cine independiente.

En definitiva la lucha es porque tenemos derecho a ver, sobre los que nos quieren imponer las empresas a las que solo guía el fin de lucro.