Más leyes, menos letra muerta

La Ley 24.337 sancionada en el año 1994, produjo una transformación en la legislación cinematográfica. Mediante la misma, el Instituto Nacional de Cinematografía (INC) fue reemplazado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Este nuevo marco legal representa mucho más que un cambio de nombre. Implica, como señala Gustavo Aprea “el reconocimiento de que el cine se desarrolla en un ámbito más amplio que el de las salas cinematográficas convencionales y forma parte del espacio audiovisual del país.”

La ley presumía también de ser una de las más inclusivas con las distintas regiones del país. Ahora bien, más allá de las declamadas intenciones federales de la ley, desde las provincias, a casi treinta años de la vigencia de la misma, podemos señalar que, el INCAA, posee como domicilio de su única sede la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y al no contar con delegaciones fuera de ese distrito, cualquier tipo de solicitud que surja desde las provincias, debe presentarse ahí.

Mucho más oscuro empieza a ponerse el panorama si consideramos que los espacios de difusión como los espacios INCAA y el programa Cinemóvil también dependen para sus criterios de programación de las decisiones de los programadores de la sede central, dejando a las provincias como meros ejecutores de los programadores capitalinos.

Respecto a esto, el director entrerriano Maximiliano Schonfeld, señala en un artículo del diario página 12 que “En la mayoría de los países desarrollados las películas se fomentan por regiones” y en la misma nota, Nicolas Capola, Presidente de la Cámara de la Industria Audiovisual de Tucumán aporta “Cada región de Italia tiene su Film Commission que gestiona recursos propios, y en Francia y España sucede algo semejante. Sin ir tan lejos, nuestros hermanos uruguayos están aplicando una fuerte serie de beneficios, que los posicionó en la región. Chile tiene una red de salas que, si bien es privada, se organiza con una partida anual de fondos de Cultura. Con eso afrontan los gastos y pueden llevar adelante una política de exhibición del cine chileno, que viene creciendo tanto interna como externamente.”

Este proceso de descentralización que podemos observar en algunos países, bien puede servir de guía para un cambio necesario en uno como el nuestro y tal vez las múltiples leyes del cine que se están sancionando en provincias de Argentina vayan apuntando a cubrir esta necesidad, de conciliar las leyes nacionales con las necesidades provinciales que muchas veces no son tenidas en cuenta a la hora de elaborar las normas.

La provincia de Misiones fue una de las primeras en tener una ley propia y su cinematografía es, en este momento, una de las de crecimiento más notorio. Sancionada en el 2014, se reglamentó el siguiente año e inmediatamente se llevó a la práctica y como consecuencia de esto un año después, en el 2016 se creó el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones.

En palabras de Ana Zanetti, una de las propulsoras de esta ley, “El IAAVIM apoya desde ese momento actividades de fomento, circulación, formación y preservación audiovisual”. Es de señalar que, en poco tiempo, el IAAVIM aportó fondos para la producción o el rodaje de veintitrés largos, y la posproducción de otros cinco, transformando a Misiones en un Polo Cinematográfico ya consolidada.

Es a partir de esta experiencia, que muchas provincias sancionaron sus leyes o están trabajando para hacerlo. Entre las que ya poseen ley del cine en la Argentina podemos destacar entre otras a Mendoza, Entre Ríos, Formosa, la ya citada Misiones, Neuquén y Jujuy que fue la última en incorporarse. Todas estas normativas tienen similitudes y diferencias, destacándose estas últimas en función a las ventajas comparativas de cada provincia, y tratando siempre de que su articulado no entre en conflicto con la ley nacional.

Lo cierto es que los referentes audiovisuales de las provincias destacan que las leyes por si solas no brindan soluciones, y que a pesar que, en algunas de ellas, como el comentado caso de Misiones han permitido un importante incremento de la actividad, en muchas otras no pasa de ser letra muerta.

De todos modos, el interés de las provincias en contar con sus propias leyes de cine tiene que ver, por un lado, con la necesidad de fomentar un cine de características propias y en cierto modo un poco más alejado el «tutelaje» porteño, y por otro con la mirada de la actividad audiovisual como una industria en crecimiento y por lo tanto generadora de trabajos y recursos para las poblaciones locales.  Según una investigación del Observatorio Audiovisual del INCAA, el sector audiovisual representa el 5,2% de la economía argentina y alcanza al 3,1% del empleo con 635.000 puestos de trabajo. El estudio, por otra parte, señala que el sector audiovisual contribuye a la economía total con 967.241 millones de pesos, lo que representa 5,2% de la economía argentina.

San Juan es un caso particular, ya que fue una de las primeras provincias en poseer una ley de cine propia. La ley N° 762-F, sancionada a fines de los años 90, jamás fue reglamentada, por lo que quedó en un estado de algo más parecido a una carta de intención, que a un instrumento válido para desarrollar la actividad dentro del territorio provincial. (Ver anexo) y que ha quedado desfasada en el tiempo.

Hay una cuestión que es cierta: para la fecha de la sanción de la ley la provincia no contaba con la actividad audiovisual que cuenta hoy, por lo que la necesidad de una normativa que regule la actividad vuelve a cobrar sentido y se plantea como discusión en los diversos sectores del quehacer audiovisual. En todas las provincias con leyes sancionadas, las mismas se elaboran sobre condiciones preexistentes. En San Juan a raíz del desembarco de la ENERC sede Cuyo, se están incorporando al mercado laboral, realizadores altamente capacitados, que sumados a gente de la provincia que estudió en otras provincias y decidió regresar, van incorporándose a productoras ya formadas o formando las propias, que hace imprescindible que la actividad se regule de forma más o menos inmediata.

Mientras que desde el ámbito privado muchos profesionales del rubro, la mayoría de ellos nucleados en una Asociación de realizadores audiovisuales pronta a poseer personería jurídica, la discusión sobre la necesidad de contar con una ley provincial de fomento audiovisual, está instalada y es materia de discusión junto a otras problemáticas del sector, también desde el gobierno provincial, esta situación ha sido percibida y a raíz de ello, se ha creado dentro el Ministerio de Turismo y Cultura una coordinación del área audiovisual encargada de trazar un programa estratégico, basado en tres grandes ejes: difusión, formación y producción que permita fomentar la actividad. Es en este contexto en el cual se considera que una ley audiovisual provincial, generaría un orden y un marco normativo que permitiría que la actividad se convierta definitivamente en una política de estado.

Las condiciones están dadas para que más tarde o más temprano San Juan posea su propia ley audiovisual.

ANEXO (Ley N° 762-F)